Resumen
Este artículo sostiene la tesis de que las recientes modificaciones al Reglamento Interno del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), promovidas por la Ordenanza MF 1.398/2026, son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad durante la transición hacia el nuevo modelo de tributación al consumo. La uniformidad de los plazos y la exigencia de alta calificación técnica para los consejeros surgen como mecanismos de mitigación de litigios en un escenario de profundos cambios legislativos.

Introducción
La Reforma Tributaria brasileña no se limita a la modificación de alícuotas o a la unificación de impuestos; exige una profunda reestructuración de los órganos de juzgamiento administrativo. El CARF, como máxima instancia de resolución de controversias tributarias federales, asume un papel central en la interpretación de las nuevas normas de la CBS y del IBS. La tesis central aquí defendida es que la simplificación procesal es el único camino para evitar el colapso del litigio administrativo frente a la nueva complejidad sistémica.

Desarrollo y Fundamentación
Uno de los avances más significativos es la adopción del cómputo de los plazos procesales en días hábiles, alineando el Reglamento Interno del CARF (RICARF) con el Código Procesal Civil de 2015. Esta medida elimina la coexistencia de diferentes formas de cómputo, lo que anteriormente generaba inseguridad jurídica y errores procesales tanto para los contribuyentes como para los procuradores.

Además de la forma, la Ordenanza MF 1.398/2026 se enfoca en la sustancia. La nueva exigencia de que los consejeros demuestren amplio conocimiento en tributos federales, además de estar registrados en órganos profesionales, busca fortalecer la calificación técnica de las decisiones. En un período en el que el sistema tributario será híbrido (convivencia del modelo antiguo con el nuevo), la experiencia de los juzgadores representa la última barrera contra decisiones arbitrarias o técnicamente inconsistentes.

La centralización de los juicios tributarios federales en el CARF, reafirmada por el Gobierno Federal, consolida al organismo como la autoridad técnica para resolver disputas relacionadas con la CBS. El presidente del consejo, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, destaca que esta uniformidad aporta claridad y simplicidad, elementos esenciales para un entorno empresarial estable.

Conclusión
Por lo tanto, la modernización del CARF no es meramente burocrática, sino estratégica. Al priorizar la seguridad jurídica y la racionalización, el organismo prepara el terreno para que la Reforma Tributaria alcance su objetivo de hacer el sistema brasileño más previsible y menos litigioso.